La ministra en su laberinto.

La ministra en su laberinto.

Marciano Sánchez Bayle | Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

nuevatribuna.es | 11 Agosto 2012 – 20:50 h.

Estamos viviendo un vodevil veraniego con las declaraciones de los responsables del Ministerio de Sanidad sobre la atención sanitaria de los inmigrantes irregulares, un vodevil que tendría bastante gracia si no fuera porque lo que está en juego es la salud y la vida de muchas personas.

Veamos la trama, la Sra Mato ¡gensanta que éxito escoger para ministra de Sanidad a alguien con este apellido y que además lo desconocía todo del tema!, parece que decidió que, para que los recortes y la destrucción de la sanidad escenificadas en el RD Ley 16/2012, pasaran mas desapercibidos lo mas practico era encontrar un “buen culpable”, y como Zapatero ya esta bastante amortizado, se fijo en los inmigrantes que son fáciles de identificar y cuya estigmatización ya está dando réditos electorales en otros países de la UE y en alguna zona de España.

Y se puso en marcha la exclusión de la atención sanitaria de los inmigrantes irregulares, primero sin más, luego se descubrió que este país, contra lo que parecía a primera vista está lleno de gente sensiblera, a la que eso de dejar morir a otras personas en medio de la calle les parece francamente mal, y que además muchos profesionales de la salud estaban convencidos de que su profesión tenia un componente ético que les obligaba moralmente a ayudar a las personas enfermas, cualquiera que fuese su situación reglamentaria y que no estaban dispuestos a ser cómplices de semejante tropelía.

Pues, vuelta empezar, primero se declara que por supuesto se garantizara la atención sanitaria, y de salud pública (como no saben nada desconocen que las medidas preventivas, vacunaciones, etc, se realizan en atención primaria), y nos dicen que las ONG están para eso, lo que provoca otro revuelo porque éstas en lugar de asumir sus obligaciones, les recuerdan al Ministerio que les han recortado los ingresos dejándoles con escasísima capacidad para hacer lo que ya hacían, y nula para asumir nuevas tareas, y que la atención sanitaria es muy compleja, y necesita muchos medios y tecnología que no están a su alcance.

Para salir adelante, nuevas propuestas, para que luego no se diga que este Ministerio no esta demostrando tener tanta imaginación como falta de conocimiento. Ahora los inmigrantes podrán acogerse a unos convenios y pagando unas cantidades tendrán atención sanitaria. Pero de nuevo otro inconveniente, resulta que la mayoría de la población sabe leer e incluso enterarse de lo que lee (maldita educación pública, aunque eso ya lo tenemos en vías de liquidación), y descubren que las cuantías que se les piden son muy altas, en la práctica inasumibles (claro está, teníamos que acordarnos de las aseguradoras privadas, al fin al cabo “son de los nuestros”), que se limitan a los irregulares con mas de un año de empadronamiento (menos de una tercera parte de los mismos). Y para colmo nos sacan a los enfermos crónicos cuya vida pende del hilo del tratamiento y que si lo abandonan se van a morir (resulta que tienen nombre y apellidos y caras, y se exponen sin pudor ante los medios de comunicación ¡estos inmigrantes ya no saben a donde llegar!) .

El nuevo movimiento tiene su aquel: les atenderemos pero les cobraremos a sus países de origen, nos dicen los del Ministerio. De nuevo los críticos nos preguntan ¿Cómo?. Los países de origen de estos inmigrantes, como a casi nadie se le escapa, tienen una situación económica y social mucho peor que la de España, y la probabilidad de que asuman estos costes tiende simplemente a cero.

Y hasta aquí hemos llegado, porque el vodevil todavía no ha acabado y el segundo acto promete ser todavía mas movido. Yo, modestamente, me permitiría aconsejarles que incluyesen las novenas, rogativas y quizás alguna que otra procesión para pedir por la salud, o preferiblemente, por el retorno de los inmigrantes a sus países y que en su televisión (la que antes era de todos y ahora han secuestrado) algún obispo o cardenal nos explicara porque es tan importante mantener vivo un embrión sin expectativas de vida y no nos tenemos que preocupar de la salud y la vida de las personas reales.

Dejémonos de bromas. La desatención de este grupo de población tiene repercusiones muy negativas desde el punto de vista humanitario, de salud pública y de funcionamiento de los recursos asistenciales, e incluso es dudoso que consiga ahorros económicos. El Ministerio de Sanidad está demostrando un nivel de incompetencia que parecía difícil de conseguir, seguramente la Sra Mato y su equipo tienen algunas habilidades ocultas, dejen la Sanidad y dedíquense a ellas, porque están contribuyendo a sumir en la miseria sanitaria y moral a un país que su gobierno ya había colocado en la miseria económica.

 

Ante las declaraciones del presidente de la Junta de Extremadura

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica (FADSP) ante las declaraciones del presidente de la Junta de Extremadura, Sr. Monago, sobre la conveniencia de que los profesionales de la salud que atiendan a inmigrantes irregulares abonen el coste de la asistencia, tiene que señalar:

 

1)     El Sr Monago, como suele suceder con la mayoría de los dirigentes del PP, habla con un desconocimiento notorio del tema. Si se hubiera informado previamente, debería conocer que en Extremadura el sistema sanitario esta informatizado y los inmigrantes irregulares no aparecen en él, y que lo único que pueden hacer los profesionales objetores es prestarles su tiempo y sus destrezas personales, porque, probablemente, no podrán ni hacerles prescripciones, ni pedirles pruebas diagnósticas, ni derivarles a los especialistas, etc, es decir que el coste imputable será simplemente cero.

 

2)     Por otro lado, consideramos intolerable que se pretenda amenazar y chantajear a los profesionales de la salud, que son conscientes de las desastrosas decisiones de este Gobierno y de sus negativas consecuencias humanitarias y sanitarias, y  que por lo tanto no quieren hacerse cómplices de las mismas. Cualquier responsable de la Administración Pública debería sentirse orgulloso de contar con estos profesionales.

 

El Sr Monago debería rectificar sus declaraciones y excusarse, caso contario lo mas lógico es que se planteara dimitir porque Extremadura no se merece un presidente de esta catadura moral.

 

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

9 de agosto de 2012

La propuesta para atención a los inmigrantes irregulares es desastrosa

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ante la intención del Ministerio de Sanidad de establecer un sistema de “convenios” para la atención sanitaria a las personas en situación irregular mediante el cobro de cantidades anuales que oscilan entre 710 y 1.864 € anuales, tiene que señalar:

 1)     El sistema se circunscribe a las personas que lleven empadronadas mas de 1 año, por lo que, en todo caso, seguirá dejándose fuera de la cobertura sanitaria a un grupo importante de población, justamente el que vive en una situación de mayor precariedad económica y social y que por lo tanto es especialmente vulnerable a los problemas de salud y precisa de una mayor atención.

2)     Las cantidades establecidas son excesivamente elevadas para este grupo de población, en medio de la crisis económica y son, sospechosamente parecidas a los costes de los seguros privados, con lo que se fomenta su utilización, lo que ya hemos señalado desde la FADSP es uno de los objetivos de la contrarreforma sanitaria puesta en marcha con el RD Ley 16/2012.

3)     Es de temer que la inmensa mayoría de los inmigrantes irregulares no van a poder acogerse a estos convenios, quedando su atención sanitaria en manos de las urgencias con lo que ello supone de saturación de un dispositivo ya saturado, de postergación de atenciones necesarias y de problemas de salud pública, con probables incrementos de los costes.

4)     Por otro lado este nuevo proyecto, en concordancia con el RD Ley 16/2012 y el RD 119/2012, es contradictorio con el sistema de financiación de las prestaciones sanitarias públicas, que esta establecido dentro del modelo de financiación de las CCAA y que procede de los impuestos (IVA, IRPF e impuestos especiales) que ya pagan todas las personas que están en nuestro país al consumir cualquier producto o servicio. De esta manera se impone a esta población, con recursos económicos muy limitados, una doble imposición que no parece razonable.

 Por todo ello entendemos que se trata de un parche, un desastre en su concepción y en su planteamiento operativo, que no soluciona el problema de garantizar la atención sanitaria a este grupo de la población, que va a crear problemas añadidos, y que a la postre no va suponer ingresos significativos para el sistema sanitario público y si la exclusión de la atención sanitaria a estas personas con los problemas humanitarios y sanitarios que conlleva.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

www.fadsp.org

7 de agosto de 2012

Los incentivos al ahorro en sanidad

Los incentivos al ahorro en sanidad

Marciano Sánchez Bayle | Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

nuevatribuna.es | 05 Agosto 2012 – 18:19 h.

http://www.nuevatribuna.es/opinion/marciano-sanchez-bayle/los-incentivos-al-ahorro-en-sanidad/20120805181923079255.html

Recientemente el consejero de Sanidad de Extremadura ha hecho unas declaraciones en las que anunciaba que iba a dar en retribuciones a los profesionales sanitarios “todo lo que ellos consigan ahorrar en el capítulo dos y cuatro», capítulos que incluyen gasto hospitalarios, material sanitario, pruebas diagnósticas y medicamentos, es decir casi todo lo relacionado con la atención sanitaria.

Desde hace tiempo se conocen las dificultades de los incentivos a los profesionales sanitarios, porque estos realizan una labor de agencia respecto a los ciudadanos que se fundamenta en la convicción que tienen éstos de que los profesionales adoptan las mejores decisiones posibles en cada caso y las más fundadas de acuerdo con el estado de los conocimientos científicos, y esta confianza es en lo que se basa la relación medico–paciente que es imprescindible para el buen funcionamiento del sistema sanitario, especialmente si es público, porque la atención sanitaria privada introduce una relación de proveedor–cliente que obviamente condiciona notablemente esta situación (para decirlo de una manera sencilla, el cliente, claro está si dispone de dinero suficiente, siempre tiene razón). Precisamente es la independencia de juicio y de criterio de los profesionales sanitarios del sector público uno de los motivos que fortalecen el sistema y uno de los motivos por los que la Sanidad Pública puede ofrecer mayores garantías en cuanto a la calidad de sus resultados.

Porque los incentivos en Sanidad tienen una gran facilidad para convertirse en “perversos” es decir obtener resultados inversos a los que en teoría se pretenden. Hay mucha experiencia internacional y mucha bibliografía al respecto, pero resumidamente puede decirse que los incentivos a la actividad (por ejemplo el pago por acto) favorecen una hipertrofia de actividades innecesarias con los riesgos que ello tienen para la población (la mayoría de las actuaciones del sistema sanitario tienen algunos efectos adversos) y de incremento exponencial de los costes. Por otro lado los incentivos al ahorro suelen traer la consecuencia de una restricción inapropiada de actividades y por lo tanto un deterioro de la calidad de la atención sanitaria, y además una restricción no siempre apropiada, sino en aquellas actividades que son más costosas (potencialmente mas generadoras de ahorro) o menos demandadas por la población aunque sean más importantes para la salud.

Otro aspecto a tener en cuenta en el caso de los incentivos es que la capacidad de ahorro de aquellos que habitualmente han hecho las cosas mal es muy superior a la de quienes ya se están ajustando a la actividad necesaria para el mantenimiento de la salud de la población, y los incentivos pueden acabar penalizando precisamente a quienes tienen una practica de mayor calidad y un mayor grado de compromiso profesional (un buen ejemplo fueron las peonadas que con frecuencia favorecían a los que tenían una menor actividad en su horario habitual).

Además, en medio de la crisis y los recortes el establecer incentivos sobre el ahorro en la utilización de recursos puede favorecer el enfrentamiento con la población y el derivar la responsabilidad de los recortes desde las administraciones hacia los profesionales con la lógica perdida de confianza de la población y la generación de enfrentamientos. No seria raro que todo el asunto se tratase de una simple estrategia para desviar la atención de la responsabilidad de las administraciones sanitarias y para continuar incidiendo en el desprestigio de la Sanidad Pública de acuerdo con la deriva privatizadora del PP.

De todas maneras no debe olvidarse que la utilización responsable de los recursos sanitarios públicos es un deber de los profesionales y de las administraciones sanitarias, pero para conseguirlo hay que avanzar en la utilización de guías de práctica clínica basadas en la evidencia, de sistemas de incentivos que premien la adecuación de la utilización de los mismos (es decir la utilización de los que son precisos en cada caso concreto) y de la participación de los ciudadanos en el control del funcionamiento del sistema sanitario para que la tarea de mantener un sistema sanitario público de calidad sea una responsabilidad compartida.

DECLARACIÓN DE LA CUMBRE SOCIAL CELEBRADA EN MADRID EL 25 DE JULIO DE 2012

Cuando en la segunda mitad de 2008, la economía productiva de Estados Unidos y Europa se empieza a contagiar del enorme fraude iniciado en el sistema bancario norteamericano con la emisión de unos sofisticados productos financieros por valor de billones de dólares, los dirigentes políticos europeos no se pusieron de acuerdo sobre el impacto de la crisis. Unos negaron reiteradamente que la crisis financiera llegara a adquirir la dimensión de crisis económica y productiva internacional; otros agitaron en sus respectivos países el deterioro de los grandes indicadores macroeconómicos para arremeter contra sus adversarios políticos en el Gobierno y acusarles de incapacidad e insolvencia. Reclamaron desde la oposición las conquistas del Estado de bienestar y proclamaron solemnemente su compromiso con los derechos sociales y laborales.
Unos y otros desoyeron las iniciativas de voces autorizadas de la economía y fundamentalmente del movimiento sindical, exigiendo otra política para salir de la crisis y medidas para la reactivación económica, el empleo y la cohesión social. Después de vagas promesas de inversión pública dirigida a activar la creación de empleo, los mandatarios de todo el mundo abrazaron la misma política que había provocado la crisis: fuerte desregulación de derechos, incompatibilidad entre el Estado social y el
equilibrio de las cuentas públicas, y máxima prioridad para contener
el déficit en el menor tiempo posible. Tras cuatro años de liberalismo en estado puro el resultado no admite dudas: más crisis, más recesión, más desempleo, menos cohesión social, menos Estado e incremento sostenido de la injusticia y la exclusión social. La política y la democracia empezaron a ser derrotadas por la economía especulativa y los mercados financieros.
En España, la situación se nos antoja paradigmática. Los que gobernaron ayer acabaron asumiendo “por responsabilidad” los postulados del neoliberalismo. Los que lo hacen hoy ganaron las elecciones con un programa y gobiernan con otro. Un descarnado ejercicio de fraude democrático que en el caso del Gobierno de Mariano Rajoy parece no tener límites. En poco más de seis meses ha acabado con la arquitectura del derecho laboral que surgió de la transición democrática; hace más difícil
la vida a las personas en paro; empobrece a la inmensa mayoría de asalariados y pensionistas; se muestra hostil con la inmigración; niega el presente y el futuro de los jóvenes; ensancha el territorio de la desigualdad entre géneros y vuelve a negar el derecho de las mujeres a decidir sobre el aborto; corta de raíz la cooperación al desarrollo; penaliza la actividad de los autónomos; ningunea la investigación y la ciencia; abandona a las personas dependientes y a quienes les atienden; arrincona la cultura; deteriora los servicios públicos y asesta un duro golpe a la educación
y sanidad públicas; cuestiona y/o niega derechos y libertades en de perseguir a los sindicatos y colectivos de representación ciudadana;
se obsesiona con el déficit; olvida la inversión pública, la actividad económica y el empleo; camina inexorablemente hacia los 6 millones de parados a finales de 2012. Y todo ello para tratar de encontrar la confianza de los mercados financieros y de la Unión Europea, que no solo no logra, sino que recibe a cambio humillación y desprecio.
Ha llegado el momento de decir basta. Así lo demuestran miles de ciudadanos y ciudadanas que salen a la calle en distintos puntos del país -quizás por primera vez en mucho tiempo- para defender sus derechos. El 19 de julio fueron millones de personas las que llenaron las calles de España para rechazar los recortes del Ejecutivo. Y en agosto volverán a salir manifestarse a pesar del periodo estival.
No vamos a parar. En septiembre, las organizaciones que hemos participado en la Cumbre Social nos proponemos intensificar la movilización social y democrática para hacerla más contundente y masiva. Recurriremos a todos los instrumentos que la Constitución pone en nuestras manos y expresaremos el firme rechazo de la mayoría de la sociedad a unas medidas que arruinan la economía, contraen el consumo y quiebran el modelo de convivencia de los últimos 35 años.

EL 15 DE SEPTIEMBRE CENTENARES DE MILES DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS MARCHARÁN A MADRID DESDE TODOS LOS RINCONES DE LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA PARA DECIR NO A TANTA INJUSTICIA.

De inmediato emplazaremos al Gobierno a que no prolongue ni profundice una política tan ineficaz como injusta y convoque un referéndum para que la ciudadanía se pronuncie sobre las medidas aprobadas. Si no lo hiciera, seremos las organizaciones de la Cumbre Social las que llevemos a cabo la convocatoria de una CONSULTA POPULAR y con el resultado de la misma actuar en consecuencia. ASÍ NO SE PUEDE SEGUIR.
Madrid, 25 de julio de 2012DECLARACIÓN DE LA CUMBRE SOCIAL CELEBRADA EN MADRID EL 25 DE JULIO DE 2012

L GOBIERNO DEL PP SIGUE APOYANDO A LA INDUSTRIA FARMACEUTICA A COSTA DE LOS PENSIONISTAS

EL GOBIERNO DEL PP SIGUE APOYANDO A LA INDUSTRIA FARMACEUTICA A COSTA DE LOS PENSIONISTAS

El recurso del Gobierno del PP ante el Tribunal Constitucional del decreto del Gobierno Vasco que eliminaba en su territorio la aplicación de las medidas mas lesivas del RD Ley 16/2012 y de la nueva subasta de fármacos prevista por la comunidad autónoma de Andalucía ponen en evidencia que el interés del Gobierno del PP no es combatir la crisis ni ahorrar en gasto sanitario, sino, por encima de todo el favorecer los intereses de la industria farmacéutica a costa de los pensionistas.

Las medidas aprobadas por el Gobierno Vasco no solo suponían la anulación de los copagos, sino además la inclusión en la cobertura del sistema público de la población no regularizada, lo que supone una exigencia humanitaria elemental.

Por otro lado la subasta de fármacos andaluza superaba con mucho los ahorros estimados por el Ministerio de Sanidad ( por otro lado de escasisima credibilidad) con los copagos, y evidenciaba que existen otros mecanismos para disminuir el gasto sanitario sin perjudicar a los ciudadanos mas enfermos y mas débiles.

Por supuesto la admisión a tramite los recursos era obligatoria para el Tribunal Constitucional y no condiciona el resultado final de los recursos, pero en todo caso perjudica notablemente a muchas personas y evita importantes ahorros para la Sanidad Pública.

El Ministerio de Sanidad y el Gobierno del PP en su óptica privatizadora están empeñados en entorpecer cualesquiera medida que demuestre que nuestro sistema sanitario es viable y que  precisamente solo lo es manteniendo su carácter publico y universal, por eso quieren desmantelarlo.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica

27 de julio de 2012

 

MANIFIESTO DE APOYO AL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD

MANIFIESTO DE APOYO AL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD

 Las organizaciones firmantes del manifiesto Compromiso social para el progreso (CCOO, UGT, CAVA, Cepes, FACUA Andalucía, Al-Andalus, UCA-UCE, Federación Mujeres Progresistas, Forum de Políticas Feministas, Attac, Plataforma 2015 +, Cermi, Asociación Progresista de Andalucía, Federación andaluza de asociaciones de la prensa, Asociación para la de Defensa dela Sanidad Pública – Andalucia, EAPN, Codapa, Coordinadora Girasol y las asociaciones de las fuerzas de seguridad SUP, AUGC, UGC y UFP), ante los continuos ataques que viene sufriendo el sistema sanitario público

 MANIFIESTAN:

 La salud es un derecho humano básico para el desarrollo del individuo y de la colectividad, y como tal queda recogido en el artículo 43 de la ConstituciónEspañola, que reconoce en su primer apartado el derecho a la protección de la salud”. Este queda reflejado también en su artículo 10.2, que dice que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos”, que a su vez destaca en su artículo 25 que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar”.

  1. En aquellos países que han apostado por la salud, ésta ha sido un instrumento al servicio del desarrollo social y económico de sus pueblos y un factor clave en los avances que se han producido en la calidad de vida de su ciudadanía. El grado de salud de la población es por sí mismo un indicador del desarrollo humano, conformado por una sinergia entre salud de la ciudadanía, bienestar social y riqueza.
  2. La universalidad y financiación pública del sistema sanitario español ha contribuido al desarrollo del país y ha permitido a sus ciudadanos ganar en equidad, igualdad y justicia social. Es fundamental asimismo que la provisión de servicios sea pública.  Estos elementos le confieren un carácter de distribuidor de la renta y de herramienta que permite articular la equidad social y territorial.
  3. El sistema sanitario público actual está siendo víctima de constantes ataques y del periódico cuestionamiento de su dimensión universal y su carácter gratuito. El debate sobre este servicio público se viene centrando exclusivamente y de forma interesada en el problema del gasto sanitario, y cómo recortarlo, sin tener en cuenta la dimensión social y de desarrollo humano que supone una población sana, formada e informada en salud.
  4. Los recortes presupuestarios y en servicios y prestaciones que se están llevando a cabo en los sistemas sanitarios públicos de algunas Comunidades Autónomas sólo contribuirán a provocar más desigualdades sociales y representan un primer paso para justificar la privatización de servicios y sistemas de copago.  Hay que reivindicar que en Andalucía no ocurra lo mismo, así como reconducir nuevas formas de gestión y políticas de conciertos, que no han demostrado beneficios y sí suponen un riesgo para la privatización.     
  5. Los sistemas de copago y la privatización de servicios no contribuyen a racionalizar el gasto sanitario, ni sirven para mejorar la gestión de los sistemas públicos. Al contrario, la desintegración paulatina del actual sistema público de salud, universal y gratuito, sólo favorecerá a aquéllos que ven en la salud un gran mercado por explotar y desarrollar y perjudicará al conjunto de la ciudadanía y más especialmente a aquellos colectivos más desprotegidos y desfavorecidos.  

 

 POR ELLO, LAS ORGANIZACIONES DECLARAN:

 Invertir en salud es invertir en bienestar social y en desarrollo, y por tanto es preciso tener en consideración que lo que se invierte en gasto sanitario es recuperado y revierte en riqueza para la comunidad.

  • Es necesario buscar fórmulas que permitan reforzar los mecanismos de financiación y provisión de servicios del sistema sanitario público y el establecimiento de criterios para la racionalización del gasto, dejando completamente fuera de este debate y sin cuestionar la dimensión universal del sistema y su carácter gratuito.
  • Rechazamos los recortes indiscriminados en gasto sanitario que se están llevando a cabo en algunas Comunidades Autónomas y    los continuos ataques a un sistema cuya financiación debe basarse en la solidaridad y en la progresividad y que es el único que permite garantizar la salud de la población reduciendo también desigualdades.
  • Hay que revisar la ley 15/1997, de nuevas formas de gestión, y la política de conciertos en Andalucía, que suponen un riesgo potencial para la introducción de mecanismos privatizadores.
  • La sanidad necesita mejoras y reformas, pero el sistema de salud debe seguir siendo universal y gratuito, y debe ser financiado fundamentalmente mediante impuestos directos, contribuyendo más a su sostenimiento quienes más tienen, de forma solidaria, garantizando un reparto equitativo de la riqueza y la renta.
  • Es preciso garantizar una participación social efectiva en el diseño y el desarrollo de las políticas públicas de salud y para ello los poderes públicos deben promover e impulsar dicha participación, actualmente inexistente.  

 

Y LAS MISMAS ACUERDAN:

 Trasladar a la opinión pública, a los partidos políticos y otras organizaciones sociales los efectos negativos que puede tener la desintegración paulatina de nuestro actual sistema sanitario para que permanezcan alerta frente a los ataques a los que está siendo sometido por parte de aquéllos que ven en la salud una mercancía y no un valor social y un derecho humano fundamental.

 En este sentido, las organizaciones firmantes solicitarán a los partidos políticos que se sumen al presente documento y que manifiesten su voluntad de mantener y mejorar el actual modelo sanitario, sin poner en tela de juicio su financiación pública, su dimensión universal, su gratuidad y su equidad.

Andalucía febrero de 2012.

La Fundación Alternativas publica una revisión crítica de la Ley General de Sanidad

Después de 25 años de la promulgación de la Ley General de Sanidad, la Fundación Alternativas ha publicado un trabajo del cardiólogo y docente Javier Rey del Castillo que achaca a las carencias de dicha norma algunos de los problemas actuales en financiación y coordinación del SNS, hasta el punto de reclamar una nueva.

Más información.

Documentos:

Resumen Ejecutivo.

Versión completa.

 

El gasto farmacéutico total continua aumentando a expensas del hospitalario que compensa la disminución del gasto por recetas

Existe una percepción equivocada de que el gasto farmacéutico ha disminuido en España de una manera notable en los últimos años. Esta conclusión se extrae de la evolución del gasto farmacéutico por recetas de la Seguridad Social que es el que esta mas fácilmente disponible, ya que aparece periódicamente en la pagina web del Ministerio de sanidad de manera bastante actualizada (último dato conocido de septiembre de 2011), por el contrario el gasto farmacéutico hospitalario que depende exclusivamente de las CCAA no aparece públicamente o lo hace de una forma  difícil de detectar por los investigadores y por la opinión pública, por lo que aparece ante esta es exclusivamente el dato del gasto farmacéutico de recetas, lo que es aprovechado por Farmaindustria para elaborar un discurso público victimista que suele aderezarse con las supuestas inmensas perdidas de la industria farmacéutica  y los efectos de las mismas sobre el empleo y la I+D.

Sin embargo se trata de una manipulación interesada de los datos que no se corresponde con la realidad. En la tabla siguiente se analiza el gasto farmacéutico anual en los años 2005 a 2010 (que son aquellos en los que se ha cerrado el gasto). En ella se observa que el gasto total en estos 5 años creció un 33,61%, y que mientras el gasto en recetas se modero en su crecimiento lo hizo un 17,66%, mientras que el gasto hospitalario no paro de incrementarse en todo el periodo.

GASTO FARMACEUTICO PUBLICO EN MILLONES €

 

 

 

En 2010 se produjo una disminución del gasto en recetas de la Seguridad Social, que fue compensado por el incremento del gasto hospitalario con un balance total del 0,61% de crecimiento.

Los datos del gasto hospitalario, han sido conseguidos con una gran dificultad ya que no son públicos de manera agregada para todo el país y se encuentran dispersos en documentos de las CCAA a veces de uso interno (por poner un ejemplo en la Memoria del Servicio Madrileño de Salud de 2010,en la pagina 47 se recoge que el gasto farmacéutico total en la Comunidad de Madrid ha sido un 0,34% superior al de 2009, señalándose que el gasto hospitalario ha seguido un crecimiento continuo desde 2002 pasando de algo menos del 30% al 35% del gasto farmacéutico ). Estos datos ratifican una percepción que ya habíamos señalado desde la FADSP de que aunque se estaba produciendo una disminución del gasto en recetas, el gasto farmacéutico hospitalario experimentaba un crecimiento que absorbía y aún superaba la disminución del gasto en recetas con lo que el gasto total seguía creciendo a pesar de la apariencia en contrario.

Según nuestras fuentes el comportamiento del gasto farmacéutico en 2011 sigue un patrón similar al de 2010, por lo que el cierre final del gasto farmacéutico estará en torno a un ligero crecimiento (entre 0,25 y 0,5%).

La conclusión es que el gasto farmacéutico sigue siendo el gran problema del Sistema Nacional de Salud, porque su crecimiento se sitúa por encima de los presupuestos sanitarios (en 2011 disminuyeron un 4,11% y es previsible que en 2012 se produzca una disminución del 7-8% por lo que se conoce de los proyectos de presupuestos de las CCAA). 

En consecuencia es imprescindible una actuación mas decidida de las administraciones públicas para disminuir el gasto farmacéutico, especialmente el gasto hospitalario, porque como ya hemos señalado desde la FADSP solo con situarnos en el promedio de gasto farmacéutico de la OCDE se produciría un ahorro de 5.000 millones € anuales.

 Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

Comparecencia FADSP ante la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucia sobre la Ley de Salud Pública

Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública agradecemos este espacio de participación.

 En términos generales hacemos una valoración positiva del Proyecto de ley. Destacamos el avance que supone el reconocimiento de nuevos derechos y garantías, un enfoque explícito hacia la reducción de las desigualdades sociales en salud como eje de la propuesta, la adopción de la estrategia de salud en todas las políticas, la incorporación de nuevas herramientas como la evaluación del impacto en salud y también el intento por adaptar las acciones y la organización de las administraciones públicas a los retos globales.

 También queremos, en segundo lugar, aportar nuestra visión crítica en algunos puntos o temas:

 1.- Al  enfrentar los retos que la sociedad andaluza tiene planteados, algunos de los cuales aparecen en la exposición de motivos de la Ley, encontramos que el marco explicativo de los determinantes de la salud en la población, marco aparentemente utilizado por sus redactores, se evita la mención de los llamados determinantes estructurales de la salud, así denominados y definidos en 2008 por  la Comisión de Determinantes Sociales y Salud de la OMS. El proyecto de ley se concentra en los determinantes intermedios, fundamentalmente referidos a los “estilos de vida” individuales (tabaquismo) y las circunstancias materiales (vivienda, trabajo,..), sin hacer el debido énfasis en las políticas económicas, sociales y ambientales, todas ellas generadoras radicales de salud y moduladoras principales, como ha quedado ampliamente demostrado científicamente, de las conductas individuales clasificadas como no saludables. Las elecciones personales respecto a hábitos, alimentarios entre otros, no surgen en el vacío, ni son fruto del azar o la predisposición biológica.

2.- En varios apartados del proyecto de ley se hace    referencia      a  la necesidad de disponer de sistemas de información como herramienta de planificación y evaluación y también al derecho de la población al conocimiento de su entorno epidemiológico y de salud pública. Consideramos que sería deseable que la  ley fuera más precisa en cómo articular estos derechos (formas, periodicidad en la transferencia de información y responsables asignados). De entre los sistemas de información, inexistentes en la actualidad, consideramos de especial relevancia, en sintonía con la reiterada mención en la Ley a las desigualdades sociales en salud, la puesta en marcha y el mantenimiento del dedicado a analizar la equidad en salud en la población andaluza (acceso a recursos asistenciales, distribución y frecuencia de enfermedades, hábitos y entorno medio-ambiental entre otros aspectos), así como sobre su posición comparativa respecto de otros ámbitos geográficos.

 3.-  En cuanto a la Planificación en salud pública encontramos un problema de niveles no resuelto a nuestro juicio en el proyecto. El punto 2 del art.. 50 recoge que se fomentará el desarrollo de planes provinciales en el marco del Plan Andaluz. ¿Quiere esto decir que va a existir la provincia como territorio de planificación? ¿También será por tanto espacio de evaluación? ¿Cómo se complementará esta estrategia con la coordinación de los Planes locales de salud de cada municipio?

 4.- Encontramos en algunas partes del texto una dicotomía entre lo individual y lo colectivo. Echamos en falta en los análisis y acciones otros espacios sociales, como el barrio o el vecindario, el pueblo, lugares donde se expresan generalmente las desigualdades en salud, en relación con los modos y, sobre todo, con las condiciones de vida, antes que con los “estilos”. Esto nos parece importante porque son también espacios naturales de participación (algo que la ley persigue) y de intervención en salud pública.

 5.- Las propuestas de participación no son claras, quedan en un plano teórico, y se limitan a remitir a una futura Orden en el art. 18. Nos parecen demasiado optimistas las asunciones de los efectos que la información y educación van a tener sobre la participación y el empoderamiento, en un contexto social como el andaluz con tan bajos niveles de participación ciudadana.

 6.- El  Centro de Investigación de Salud Pública no aparece siquiera nombrado en el Capítulo I del Título VI que versa sobre I+D+i. También al respecto nos parece conveniente que la ley aclare las funciones y posibles solapamientos  de competencias entre los nuevos CISP y el Observatorio de Salud Pública con la actual Escuela Andaluza de Salud Pública.

 7.- Por último, creemos que el texto ganaría agilidad sin perder contenidos evitando ciertas repeticiones, sobre todo en artículos referidos a derechos por una parte y artículos sobre garantías, por otra. Por ejemplo el artículo 9  “El derecho a conocer en relación a la salud pública” y el artículo 17 “El acceso a la información”.

 Sevilla, 18 de octubre de 2011