MANIFIESTO DE APOYO AL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD
Las organizaciones firmantes del manifiesto Compromiso social para el progreso (CCOO, UGT, CAVA, Cepes, FACUA Andalucía, Al-Andalus, UCA-UCE, Federación Mujeres Progresistas, Forum de Políticas Feministas, Attac, Plataforma 2015 +, Cermi, Asociación Progresista de Andalucía, Federación andaluza de asociaciones de la prensa, Asociación para la de Defensa dela Sanidad Pública – Andalucia, EAPN, Codapa, Coordinadora Girasol y las asociaciones de las fuerzas de seguridad SUP, AUGC, UGC y UFP), ante los continuos ataques que viene sufriendo el sistema sanitario público
MANIFIESTAN:
La salud es un derecho humano básico para el desarrollo del individuo y de la colectividad, y como tal queda recogido en el artículo 43 de la ConstituciónEspañola, que reconoce en su primer apartado “el derecho a la protección de la salud”. Este queda reflejado también en su artículo 10.2, que dice que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos”, que a su vez destaca en su artículo 25 que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar”.
- En aquellos países que han apostado por la salud, ésta ha sido un instrumento al servicio del desarrollo social y económico de sus pueblos y un factor clave en los avances que se han producido en la calidad de vida de su ciudadanía. El grado de salud de la población es por sí mismo un indicador del desarrollo humano, conformado por una sinergia entre salud de la ciudadanía, bienestar social y riqueza.
- La universalidad y financiación pública del sistema sanitario español ha contribuido al desarrollo del país y ha permitido a sus ciudadanos ganar en equidad, igualdad y justicia social. Es fundamental asimismo que la provisión de servicios sea pública. Estos elementos le confieren un carácter de distribuidor de la renta y de herramienta que permite articular la equidad social y territorial.
- El sistema sanitario público actual está siendo víctima de constantes ataques y del periódico cuestionamiento de su dimensión universal y su carácter gratuito. El debate sobre este servicio público se viene centrando exclusivamente y de forma interesada en el problema del gasto sanitario, y cómo recortarlo, sin tener en cuenta la dimensión social y de desarrollo humano que supone una población sana, formada e informada en salud.
- Los recortes presupuestarios y en servicios y prestaciones que se están llevando a cabo en los sistemas sanitarios públicos de algunas Comunidades Autónomas sólo contribuirán a provocar más desigualdades sociales y representan un primer paso para justificar la privatización de servicios y sistemas de copago. Hay que reivindicar que en Andalucía no ocurra lo mismo, así como reconducir nuevas formas de gestión y políticas de conciertos, que no han demostrado beneficios y sí suponen un riesgo para la privatización.
- Los sistemas de copago y la privatización de servicios no contribuyen a racionalizar el gasto sanitario, ni sirven para mejorar la gestión de los sistemas públicos. Al contrario, la desintegración paulatina del actual sistema público de salud, universal y gratuito, sólo favorecerá a aquéllos que ven en la salud un gran mercado por explotar y desarrollar y perjudicará al conjunto de la ciudadanía y más especialmente a aquellos colectivos más desprotegidos y desfavorecidos.
POR ELLO, LAS ORGANIZACIONES DECLARAN:
Invertir en salud es invertir en bienestar social y en desarrollo, y por tanto es preciso tener en consideración que lo que se invierte en gasto sanitario es recuperado y revierte en riqueza para la comunidad.
- Es necesario buscar fórmulas que permitan reforzar los mecanismos de financiación y provisión de servicios del sistema sanitario público y el establecimiento de criterios para la racionalización del gasto, dejando completamente fuera de este debate y sin cuestionar la dimensión universal del sistema y su carácter gratuito.
- Rechazamos los recortes indiscriminados en gasto sanitario que se están llevando a cabo en algunas Comunidades Autónomas y los continuos ataques a un sistema cuya financiación debe basarse en la solidaridad y en la progresividad y que es el único que permite garantizar la salud de la población reduciendo también desigualdades.
- Hay que revisar la ley 15/1997, de nuevas formas de gestión, y la política de conciertos en Andalucía, que suponen un riesgo potencial para la introducción de mecanismos privatizadores.
- La sanidad necesita mejoras y reformas, pero el sistema de salud debe seguir siendo universal y gratuito, y debe ser financiado fundamentalmente mediante impuestos directos, contribuyendo más a su sostenimiento quienes más tienen, de forma solidaria, garantizando un reparto equitativo de la riqueza y la renta.
- Es preciso garantizar una participación social efectiva en el diseño y el desarrollo de las políticas públicas de salud y para ello los poderes públicos deben promover e impulsar dicha participación, actualmente inexistente.
Y LAS MISMAS ACUERDAN:
Trasladar a la opinión pública, a los partidos políticos y otras organizaciones sociales los efectos negativos que puede tener la desintegración paulatina de nuestro actual sistema sanitario para que permanezcan alerta frente a los ataques a los que está siendo sometido por parte de aquéllos que ven en la salud una mercancía y no un valor social y un derecho humano fundamental.
En este sentido, las organizaciones firmantes solicitarán a los partidos políticos que se sumen al presente documento y que manifiesten su voluntad de mantener y mejorar el actual modelo sanitario, sin poner en tela de juicio su financiación pública, su dimensión universal, su gratuidad y su equidad.
Andalucía febrero de 2012.
