Admitido a tramite el recurso contencioso administrativo contra la PFI hospital Vigo

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA ADMITE A TRAMITE EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR LA PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA DE VIGO CONTRA LA RESOLUCION DEL SERGAS POR LA CUAL DEJA EN MANOS DE EMPRESAS PRIVADAS LA CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DEL NUEVO HOSPITAL DE VIGO.

La Plataforma considera que: Esta adjudicación VULNERA VARIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, INCUMPLE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO, Incumple también, LA LEY DEL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA LEY DE SALUD DE GALICIA.

La decisión de anular el Plan Económico Financiero a través de la Sociedade Pública de Investimentos de Galicia (SPI) incrementa en más de 1.000 millones el coste del hospital en detrimento del dinero público. Dejará en manos de empresas constructoras y Cajas de ahorros en crisis  (Caja de Ahorros del Mediterráneo, Bankia, Caja Sur, Caja Canarias,  etc,). que han recibido del Estado a  través del FROB la suma superior a 11.000 millones de euros)  la gestión y explotación de todos los servicios sanitarios no clínicos- asistenciales y de la áreas comerciales .

La Plataforma presenta este recurso en base a que no existe ninguna justificación por razones técnicas, administrativas, jurídicas, económico financieras,, que avalen el hecho de recurrir a un modelo de concesión de obra pública tipo PFI para la construcción del NHV. Muy al contrario consideramos que existe una vulneración de preceptos constitucionales y de diversas leyes que han servido para tomar la decisión y fundamentar la presentación de un recurso contencioso administrativo ante el TSJ de GALICIA. La actual Conselleria de Sanidade abandona el modelo de financiación y gestión publica que se había establecido a través de la SOCIEDAD PUBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA para el que ya existia consignación presupuestaria y aprobación en febrero del 2009 de un plan económico especifico por el gobierno de la Xunta de Galicia y decide sustituirlo por un modelo de financiación y gestión privada mediante el recurso a un contrato de concesión de obra publica tipo PFI.

Esta fórmula supone el encarecimiento de la puesta en servicio  y funcionamiento del nuevo hospital de Vigo, puesto que el modelo de concesión de obra publica supone un coste total de 1.794.935.833.- euros corrientes y por lo tanto un canon anual de  89.746.791.- euros corrientes. La financiación y construcción a través de la sociedad publica de investimentos suponía un coste total de 408.460.000.- euros.  Con el modelo PFI estos mismos costes pasarían a ser de 1.006.734.183.- euros corrientes. Se están vulnerando los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, objetividad y economía en la gestión de servicios públicos. La entrada en vigor de la nueva normativa contable con repercusión negativa sobre la rentabilidad de los accionistas ha obligado a un reequilibrio financiero de los contratos de concesión y por tanto a una financiación adicional con cargo al canon anual de la concesión.

Existe una inadecuada calificación del contrato para evitar realizar el estudio de evaluación previa que justifique objetivamente este cambio de modelo. Vulnera el derecho a la participación ciudadana y el derecho a la información publica de organizaciones sociales y organizaciones sindicales. Vulnera la ley del Estatuto marco puesto que este modelo supone fragmentación laboral entre personal con regímenes jurídicos diferentes uno dependiente de la empresa privada y otro del Servicio Gallego de Salud.

La sociedad concesionaria “SOCIEDADE CONSESIONARIA NOVO HOSPITAL DE VIGO, S.A” se ha personado en dicho recurso a través de un prestigioso bufete de abogados de Madrid.

La razón última de este modelo de concesión es una decisión exclusivamente política en una estrategia no disimulada de privatización del Servicio Gallego de Salud.

El recurso fue presentado por la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública a través del letrado D. Carlos Pérez Parga del despacho vigues “CUM LAUDE” y a sido admitido al trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.