Consecuencias de la politica economica neoliberal / neocon
Oct 03
DECLARACIÓN DEL TERCER ENCUENTRO DE LA CUMBRE SOCIAL.
DECLARACIÓN DEL TERCER ENCUENTRO DE LA CUMBRE SOCIAL.
Madrid 2 de octubre de 2012
Las organizaciones sociales, profesionales y sindicales que constituimos la Cumbre Social nos reunimos ayer 1 de octubre para valorar la acción llevada acabo el pasado 15 de septiembre, las últimas medidas de recorte del Gobierno y, en función de todo ello, establecer la respuesta social necesaria para conseguir un cambio en profundidad, tanto en las formas como en el fondo, de las políticas que se están llevando acabo por parte del Ejecutivo.
El tercer encuentro de la Cumbre Social considera un éxito la marcha-concentración celebrada el pasado 15 de septiembre tanto por la participación registrada, como porque ofreció la oportunidad de hacer visible la convergencia de una amplísima pluralidad de realidades perjudicadas por la acción de gobierno. Centenares de miles de personas venidas de todos los rincones de la península, y representativas del diverso malestar social, se dieron cita en la plaza de Colón. Con esta declaración, la Cumbre Social quiere expresar su más sincero reconocimiento a todas ellas por el esfuerzo realizado y el acto de civismo que protagonizamos. Al mismo tiempo, denuncia el burdo intento de los representantes gubernamentales, de algunos medios de comunicación, así como de Ministerio de Interior, por intentar minusvalorar el seguimiento real de la convocatoria, manipular a la opinión pública y convertir cualquier expresión del conflicto social en un problema de orden público. Basta recordar que, en ese mismo lugar y con una asistencia menor, los que ahora pretenden descalificarla habían asegurado reunir a millones de personas cuando la convocatoria era organizada por el entorno del partido que ahora nos gobierna.
El tercer encuentro de la Cumbre Social se ratifica en la exigencia del que fue el grito más unánimemente coreado el pasado 15S: Referéndum ya!
No hay duda de que estamos ante un flagrante fraude electoral, como no hay duda de que el Gobierno está adoptando medidas y decisiones políticas de gran trascendencia para el bienestar de la mayoría social con total falta de transparencia y un ocultismo deliberado, como está sucediendo con la “secreta” negociación del rescate a la economía española. Esta actitud no hace otra cosa que mermar, aún más, la confianza en las instituciones políticas de amplios sectores de la ciudadanía y son una muestra de autoritarismo que puede acabar amenazando seriamente la convivencia democrática. En este sentido la exigencia de que se convoque un Referéndum sobre el programa que se está aplicando por parte del Gobierno se convierte también en unaexigencia de regeneración democrática. La ciudadanía puede, porque así lo contempla la Constitución, y debe ser convocada para expresar su opinión ante situación tan grave y excepcional por la que atravesamos.
El tercer encuentro de la Cumbre social ha tenido ocasión de valorar lo que en estos momentos se puede conocer del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 y las organizaciones presentes hemos coincidido en denunciar tanto la truculencia en su presentación como sus contenidos. En efecto, el Gobierno ha vuelto a incurrir en un ejercicio de funambulismo político, que no es otra cosa que un nuevo intento de manipulación de la opinión pública al presentar el proyecto pues ha ocultado sus verdaderas intenciones: por un lado transfiere a las CCAA la mayor parte de la responsabilidad en el recorte del gasto social, por otro, oculta su verdadera intención en temas tan sensibles como la revalorización de las pensiones (medida contemplada en la legislación vigente que fue duramente criticada por el PP cuando el anterior gobierno la aplicó) y todo ello intentando, como ya hizo en el caso de las elecciones en Andalucía, ganar tiempo para poder sortear las próximas citas electorales en Galicia y País Vasco.
De su contenido debemos denunciar con todas nuestras fuerzas que estamos ante unos Presupuestos que van a hundirnos más en la crisis e incrementar todavía más nuestra tasa de paro. Sólo contemplan recortes a la inversión, sacrifican los estímulos a la actividad económica y a la creación de empleo y renuncian a una política fiscal que empezando por perseguir decididamente el fraude permitiese incrementar los ingresos del Estado y evitar así una nueva reducción de los gastos sociales.
Esta situación se verá agravada por la rebaja de la partida para las prestaciones por desempleo, que hace prever que los 450 euros del plan PREPARA dejarán de abonarse el próximo mes de febrero cuando caduca el actual y no hay que olvidar que lo previsto para pensiones no se incrementa más que un 1%. En unas condiciones así solo cabe esperar que aumente la pobreza y la exclusión, fenómenos ambos que afectan muy mayoritariamente a las mujeres, a los inmigrantes, a los jóvenes y ahora ya, a la infancia.
En el proyecto de Presupuestos también decrece de manera significativa la protección social, las partidas destinadas a la dependencia, los servicios sociales, la ayuda a la cooperación al desarrollo, al mundo rural, al medio ambiente, etc.
Estas partidas se verán aún más recortadas cuando las CCAA tengan que elaborar sus propios Presupuestos, donde asistiremos a nuevos recortes en educación y sanidad, servicios que dependen esencialmente de ellas (no podemos olvidar que ya se están planteando medidas como el copago del transporte sanitario), habida cuenta de que el Gobierno no les ha dado el margen de tiempo para reducir la deuda que España ha ganado de la Unión Europea.
El actual proyecto, junto a tanto recorte en inversión y gasto social si contiene lo que a la inmensa mayoría de la población española nos costará, en forma de deuda, el dinero destinado a rescatar el sistema bancario.
Más crisis, más desempleo, menos protección social y menos servicios públicos es una ecuación funesta para la mayoría de las personas de este país de las que solo se salvan las élites económico-financieras que se cobijan al resguardo de la acción de gobierno.
En estas condiciones el tercer encuentro de la Cumbre social ha acordado:
– Convocar manifestaciones el próximo domingo 7 de octubre en todas las capitales de provincia para expresar el rechazo a estros presupuestos y para exigir una salida de la crisis que garantice la reactivación económica, la generación de empleo, la recuperación de la protección social y de nuestro mermado Estado del Bienestar.
– Darnos un plazo para que cada organización valore la posibilidad de convocar una Huelga General, con profundo carácter social, durante la tramitación parlamentaria del proyecto de PGE para 2013.
– Explorar las posibilidades de coordinar las acciones anteriormente previstas con otros países de la Unión Europea. Las organizaciones que formamos parte de la Cumbre Social estamos convencidas que hay que hacer frente a políticas nacionales tan lesivas para la mayoría de la población pero que también hay que hacerlo con las directrices que emanan de la Unión y que se están cebando particularmente con los países del sur de Europa.
– Poner en marcha la campaña de exigencia de un Referéndum sobre la acción del Gobierno. Campaña que consistirá en la recogida de firmas entre la ciudadanía y que contará con una Comisión Promotora que se reproducirá en toda la geografía española y que llegará hasta los centros de trabajo
Ago 16
Avanzar al pasado: la sanidad como mercancia
http://elpais.com/elpais/2012/07/06/opinion/1341595001_910539.html
La obtención del derecho a la atención sanitaria ha sido una de las conquistas sociales más importantes de la segunda mitad del siglo XX, un bien público equiparable al derecho al voto, la educación o tener una pensión. Un referente histórico de los países con sistemas sanitarios públicos financiados directamente con impuestos fue el National Health Service británico, que en 1948 propuso una asistencia preventiva y curativa para “todo ciudadano sin excepción”. Junto a Reino Unido, los países nórdicos y otros países europeos siguieron procesos parecidos estableciendo sistemas sanitarios según los principios de financiación pública, acceso universal y una amplia oferta de servicios sanitarios con independencia de los ingresos, posición social o lugar de residencia.
En España ese proceso fue tardío. Durante el periodo final de la dictadura franquista, dos tercios de la población tenían alguna cobertura sanitaria. En 1978, cuando la Constitución estableció el derecho a la protección de la salud ciudadana, cuatro de cada cinco personas estaba ya cubierta por la Seguridad Social. En 1986 se produjo un cambio fundamental cuando la Ley General de Sanidad sentó las bases de un Sistema Nacional de Salud (SNS) que amplió la cobertura y proveyó atención sanitaria de mayor calidad para casi toda la población. En esos mismos años, sin embargo, el sector sanitario público se situó bajo el punto de mira de Gobiernos conservadores, instituciones internacionales y grandes empresas (farmacéuticas, seguros, tecnológicas y hospitalarias), aumentando progresivamente la presión para mercantilizar la sanidad. La razón es fácil de entender: en una fase de estancamiento capitalista y reducción de beneficios, la atención sanitaria era un lugar ideal para hacer negocios. En 1987 y 1993, dos relevantes informes del Banco Mundial ya plantearon la necesidad de adoptar criterios mercantiles, desinstitucionalizar la atención sanitaria y otorgar un mayor papel a las aseguradoras y prestadores privados de servicios. No olvidemos que los sistemas sanitarios público y privado son como “vasos comunicantes”: para que el privado tenga posibilidades de lucro primero hay que desprestigiar, debilitar o “parasitar” al público.
Para que la privada pueda lucrarse hay que desprestigiar, debilitar o “parasitar” a la pública
En 1991, el Informe Abril se convirtió en el primer intento serio de promover la mercantilización del sistema sanitario en España. Se abogaba por mejorar su eficiencia mediante la separación de la financiación pública de la provisión de servicios o la instauración de conceptos como la “prestación adicional” y “complementaria” cofinanciados por el usuario. Los argumentos ideológicos, repetidos desde entonces hasta la saciedad, son bien conocidos: el sector público es “insostenible” y “burocrático”, el sistema privado es “más eficiente” que el público, “la salud pertenece al ámbito personal”, los usuarios son responsables de “abusar de la sanidad”. Ni la investigación científica ni la propia OMS confirman esos supuestos. La sanidad pública es más equitativa (sobre todo cuando tiene financiación suficiente finalista), eficiente (sobre todo si se impulsa la atención primaria) y tiene más calidad que la privada (con las excepciones del confort y el tiempo de espera).
A finales de la década de los noventa, el proceso mercantilizador se acelerará. En 1997, bajo el Gobierno de José María Aznar, el PP aprobó (con el apoyo de PSOE y PNV) la Ley 15/97 que permitía la entrada de entidades privadas en la gestión de los centros sanitarios públicos, y en 1999, con la construcción y gestión del hospital de La Ribera en Alzira, se abrió el camino a la mercantilización de la sanidad y el fomento a “modelos de negocio” privados. La Generalitat valenciana del PP de Eduardo Zaplana lo puso en manos de un consorcio formado por el grupo Ribera (gestión sanitaria), Adeslas (aseguradora médica), Lubasa (inmobiliaria) y Dragados (constructora).
En Madrid, la cesión en 2005 del hospital de Valdemoro a la empresa de capital sueco Capio se convirtió, bajo el PP de Esperanza Aguirre, en la punta de lanza de la construcción de centros privados.
En las autonomías se ha producido un goteo constante de estrategias de privatización
En Cataluña se configuró históricamente un sistema de gestión sanitaria mixto donde junto a los hospitales públicos hay una extensa red de centros semipúblicos con una amplia presencia de instituciones locales y grupos privados y eclesiásticos, y un modelo público con una concepción empresarial. En 1995 se aceptó el ánimo de lucro en la gestión de la sanidad pública, y las sucesivas reformas legales de CiU y el tripartito (PSC, ERC; ICV-EUA) reforzaron aún más el llamado “modelo catalán”. La reforma del Institut Català de la Salut de 2007 y la llamada ley Ómnibus contemplaron la posibilidad de que los hospitales públicos alquilaran operadores privados en las plantas cerradas o los quirófanos que dejaran de operar por las tardes.
A lo largo del proceso histórico sucintamente resumido, las estrategias para mercantilizar y privatizar la sanidad han sido permanentes, un goteo constante. El resultado ha sido reducir progresivamente la capacidad asistencial de los centros públicos, cerrándose camas, consultas y quirófanos hospitalarios, restringiendo urgencias ambulatorias y alargando las listas de espera. A decir de políticos tan significados como Esperanza Aguirre o Artur Mas, se trata de reducir la sanidad pública a su “núcleo básico” manteniendo la gratuidad de los servicios sanitarios imprescindibles. Si las clases medias dejan el sistema público, este se debilitará y convertirá básicamente en un sistema de y para los pobres.
Bajo el discurso de una supuesta insostenibilidad financiera, haber “vivido por encima de nuestras posibilidades” y con una población en shock por la crisis actual, tras el goteo, llega ahora el turno al chorro de agua helada en forma de un Real Decreto Ley (RDL 16/2012, 20 de abril) que comporta pasar de un sistema nacional de salud a un sistema tripartito basado en los seguros sanitarios para los ricos, la seguridad social para los trabajadores y la beneficencia para el resto de personas. El RDL del Gobierno del PP es una contrarreforma sanitaria que nos lleva tres décadas atrás. Primero, porque se pasa de un sistema financiado con impuestos directos a un sistema basado en la financiación de un modelo de seguros con el pago del afiliado (asegurado) o el protegido (beneficiario) por la Seguridad Social y numerosos copagos. Segundo, porque se renuncia a la atención sanitaria universal excluyendo a los sectores más débiles de la sociedad española: inmigrantes sin papeles y discapacitados con una discapacidad menor del 65%, entre otros colectivos. Tercero, porque se establecen tres niveles de servicios sin definir aún, lo que apunta a una reducción de las prestaciones básicas y la generación de un sistema de beneficencia que “arrastrará” a la clase media hacia los seguros privados con prestaciones complementarias sometidas a repago. Millones de pensionistas, cuya economía raya en la subsistencia, deberán realizar “repagos” (un “impuesto sobre la enfermedad”) según su nivel de renta (una gestión que es compleja e injusta), y pagar por fármacos que sirven para “síntomas menores”. Y cuarto, ya que se niega la sanidad a inmigrantes o personas enfermas socialmente excluidas, el “nuevo” sistema acarreará problemas de salud pública con la saturación de los servicios de urgencias y la probable aparición de epidemias. Además, es un modelo implantado en forma autoritaria y anticonstitucional que producirá graves problemas de salud y desigualdades, especialmente en pobres, enfermos crónicos, discapacitados y quienes deban desplazarse a los centros sanitarios. Ese modelo significa “avanzar” hacia una sanidad mercantilizada, injusta, que rompe el concepto de ciudadanía y solidaridad social, que abre paso al clasismo, la desigualdad y es el fin del derecho universal a la sanidad y la salud.
Los sistemas de sanidad públicos, accesibles, con organización y gestión esencialmente públicas y una elevada calidad de prestaciones, ofrecen resultados globales de salud mejores que otros modelos. Que el sistema sanitario público pueda mejorar su eficiencia (con más atención primaria y menos gasto farmacéutico), calidad (con más atención en salud mental por ejemplo) y equidad (protegiendo a toda la población) no puede ser excusa para que las fuerzas económicas y políticas que favorecen la mercantilización sanitaria destruyan un modelo conseguido a través de largas luchas sociales. La atención sanitaria debe ser un derecho ciudadano independientemente de la condición social y el lugar donde se viva y no una mercancía que solo consuman los “clientes” que puedan pagarla.
Joan Benach es profesor de Salud Pública y miembro de GREDS-EMCONET (UPF). Su último libro publicado es La sanidad está en venta (Icaria). Firman también este artículo Carles Muntaner, Gemma Tarafa y Clara Valverde.
